El Negociado de la Policía de Puerto Rico informó sobre el arresto de Alberto Carrero Rivera, de 29 años, y Gabriela M. Acevedo Ramos, de 23 años, en el barrio Caricaboa de Jayuya. La intervención ocurrió como parte de un operativo de vigilancia, tras recibir denuncias relacionadas con actividades sospechosas en la zona.
Durante el operativo, las autoridades incautaron 7 bolsas de marihuana, 14 bolsas de cocaína, una pistola, dos cargadores, 32 municiones, $40 en efectivo y un vehículo en el que se encontraba un menor de edad. Aunque Carrero Rivera contaba con licencia de armas, ambos enfrentan cargos bajo la Ley de Sustancias Controladas y la Ley 57 de Protección de Menores.
Cargos y medidas cautelares
El caso fue consultado con la fiscal Daisy M. Quintero Hernández, quien instruyó la radicación de los cargos correspondientes. La jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, determinó causa probable contra ambos acusados, imponiéndoles una fianza de $12,000 a cada uno. La fianza fue prestada y quedaron bajo supervisión electrónica hasta la vista preliminar, pautada para el 7 de febrero de 2025.
Protección de menores y fortalecimiento de regulaciones
El caso ha generado preocupación debido a la presencia de un menor de edad durante los hechos. Las autoridades subrayaron la importancia de reforzar las medidas de supervisión y regulación en comunidades vulnerables, como la Barriada de Santa Clara, para prevenir situaciones de riesgo y garantizar la seguridad de los residentes.
Además, el Departamento de Investigación de Narcóticos y otras agencias de vigilancia trabajan en conjunto para implementar estrategias más proactivas que permitan combatir el tráfico de drogas y reducir la violencia asociada a estas actividades.
Compromiso con la seguridad pública
Este operativo es un ejemplo del compromiso de las autoridades para garantizar la seguridad en los municipios afectados por actividades ilegales. El Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia reiteraron su enfoque en proteger a la ciudadanía y llevar a los responsables ante la justicia.
La colaboración entre las comunidades y las fuerzas del orden será clave para continuar enfrentando este tipo de delitos y garantizar un entorno seguro para todos.
