La administración del presidente de Estados Unidos en su segundo mandato, Donald Trump, ha comenzado oficialmente a notificar a más de 530,000 migrantes beneficiarios del parole humanitario, instándolos a abandonar el país de manera voluntaria antes del próximo 24 de abril de 2025. Entre los afectados se encuentran ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes habían sido admitidos bajo programas humanitarios implementados por el gobierno anterior.
De acuerdo con informes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha enviado correos electrónicos individuales a los migrantes informándoles que, de no salir antes de la fecha límite, serán colocados en procesos de deportación acelerada, sin derecho a una audiencia ante un juez migratorio. Además, se les advirtió que acumular presencia ilegal superior a 180 días podría implicar sanciones y prohibiciones para futuros ingresos legales al país.
Para facilitar la salida voluntaria, la administración Trump habilitó la aplicación móvil CBP Home, la cual permite a los afectados notificar su intención de salir y registrar oficialmente su autodeportación. No obstante, activistas y organizaciones de derechos civiles han manifestado preocupación, cuestionando la falta de información clara sobre los riesgos legales y la protección de datos de quienes utilicen la aplicación.
Varias organizaciones pro-inmigrantes, como CHIRLA, UndocuBlack y CASA, han presentado demandas legales para detener la implementación de estas medidas, argumentando que atentan contra el debido proceso y vulneran derechos básicos de los migrantes. A pesar de ello, el gobierno ha confirmado que la revocación del parole se mantiene firme y que la autorización de empleo para estos migrantes expirará también el 24 de abril.
El proceso afecta a familias completas que deberán decidir entre salir voluntariamente o enfrentar las consecuencias legales y migratorias que ha establecido la administración Trump.
Se sigue investigando el caso.
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