El activista ambiental y exsenador independiente Eliezer Molina ha llevado a cabo una denuncia formal sobre presuntas construcciones ilegales en la reserva natural de La Parguera, en Lajas, Puerto Rico. Molina ha solicitado la intervención de autoridades federales para investigar actividades que, según él, violan leyes ambientales y afectan esta área protegida.
Entre las propiedades señaladas figura una residencia vinculada a los suegros de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, lo que ha generado controversia. La denuncia incluye una solicitud dirigida al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, y el Comité de Recursos Naturales del Congreso. Además, fue remitida al fiscal federal del distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow.
Orden Administrativa genera polémica
El caso ha tomado mayor relevancia tras la emisión de la Orden Administrativa 2025-01 por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), liderado por el secretario Waldemar Quiles Pérez. Esta orden legaliza las estructuras existentes en la zona marítimo-terrestre de La Parguera, archivando casos relacionados con construcciones no autorizadas, incluidas las asociadas a la familia de la gobernadora.
La decisión ha sido duramente criticada por expertos legales y activistas, quienes alegan que esta medida podría violar leyes ambientales y favorecer intereses privados en áreas protegidas.
Historial de denuncias
Eliezer Molina ha sido un defensor activo de los recursos naturales de Puerto Rico. En diciembre de 2023, el DRNA lo incluyó como testigo en una querella contra los suegros de Jenniffer González por supuestas violaciones ambientales relacionadas con su propiedad en La Parguera.
Molina ha reiterado la importancia de proteger las áreas naturales de Puerto Rico y garantizar que no se comprometan por intereses políticos o privados. Según él, las construcciones ilegales en La Parguera representan un grave daño ecológico y requieren intervención urgente para evitar mayores impactos.
Llamado a la acción
Molina instó a las autoridades federales a actuar de inmediato para garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales y proteger la reserva natural. Mientras tanto, la controversia continúa generando debates sobre el manejo de los recursos naturales y el equilibrio entre el desarrollo y la conservación en Puerto Rico.
