El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha detenido el desembolso de $365 millones correspondientes a la segunda fase del programa federal de energía solar dirigido a Puerto Rico. Esta decisión, que forma parte de una orden ejecutiva más amplia para reevaluar el uso de fondos federales, ha generado gran preocupación entre líderes comunitarios y organizaciones sociales en la isla.
Los fondos en cuestión son parte del Programa de Comunidades Resilientes del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF), una iniciativa creada para proveer sistemas solares con baterías en hogares de personas de bajos recursos, personas con discapacidades y centros de salud comunitarios. Su meta era reducir la dependencia del inestable sistema eléctrico de la isla, afectado desde el huracán María.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) ordenó una “pausa temporal” en la mayoría de los fondos federales no obligatorios como parte de una nueva política fiscal impulsada por Trump. Esta política excluye únicamente los programas como Medicaid y el Seguro Social, y tiene como objetivo redirigir el gasto hacia prioridades de la nueva administración, entre ellas, reforzar la producción energética nacional y recortar fondos a proyectos vinculados con diversidad, inclusión y cambio climático.
Organizaciones como la Hispanic Federation y UnidosUS han denunciado esta medida, alegando que afectará directamente a las comunidades más vulnerables del país y de los territorios estadounidenses, como Puerto Rico. “Esta pausa interrumpe una iniciativa crítica para la seguridad energética y el bienestar de familias que no pueden costear energía de forma privada”, expresó Frankie Miranda, presidente de la Hispanic Federation.
A pesar del freno, el Departamento de Energía federal (DOE) ha confirmado que los contratos previamente adjudicados para instalar sistemas solares seguirán en marcha. Sin embargo, funcionarios del DOE reconocen que el futuro de nuevas asignaciones podría verse comprometido, dependiendo del rumbo que tome la administración Trump en sus políticas energéticas.
Agustín Carbó Lugo, director del Equipo de Modernización y Recuperación de la Red Energética de Puerto Rico del DOE, aseguró que las asignaciones actuales cuentan con respaldo legal y contractual, pero advirtió que cualquier cambio futuro en las prioridades federales podría frenar o incluso cancelar fases adicionales del programa.
Esta medida ha generado mayor incertidumbre sobre el futuro energético de la isla, donde los frecuentes apagones y la fragilidad del sistema de generación y distribución continúan afectando la calidad de vida de los residentes. Activistas locales también han alertado sobre la posible reducción del período para que organizaciones comunitarias soliciten la instalación de estos sistemas en hogares vulnerables, lo que podría dejar a muchas familias fuera del programa.
Se sigue investigando el caso.
Fuente: Univision
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