«Tiene que venir acompañada de evidencia»: la judicatura reacciona a las alegaciones de presión a jueces en el caso LUMA
La presidenta de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ), la jueza Enid Gavilán Pérez, afirmó este jueves que los señalamientos sobre presuntos intentos de influir en los votos de jueces del Tribunal Supremo en el caso del contrato de LUMA Energy deben estar respaldados por evidencia, y advirtió que abrir una investigación sobre el tema sería «abrir una caja de Pandora».
«La información no refleja que eso haya sucedido»
En entrevista con el programa Lo de Hoy, de El Nuevo Día, Gavilán Pérez sostuvo que «es difícil ejercer esa independencia judicial cuando se traen a la palestra pública insinuaciones sobre posibles actos que hayan cometido o que pudiesen haber cometido jueces o juezas», y señaló que, a su juicio, «la información que hemos visto a través de los mismos medios de comunicación no refleja que eso haya sucedido». También se unió al llamado de la jueza presidenta del Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, a preservar la confianza en los procesos judiciales: «Tenemos que estar exentos de cualquier tipo de presión», afirmó.
La controversia surgió el miércoles, cuando el abogado y analista político Eddie López dijo en el programa Nación Z que, según sus fuentes, la gobernadora Jenniffer González Colón presuntamente llamó a jueces del Supremo para que cambiaran sus votos y anularan el contrato de LUMA. La mandataria negó haber intervenido con los jueces y aseguró que acatará la decisión del máximo foro, mientras la presidenta y principal oficial ejecutiva de LUMA, Janisse Quiñones, reclamó una «investigación inmediata, rigurosa y transparente» para esclarecer si ocurrieron los presuntos hechos.
Qué debe hacer un juez ante una presión indebida
Gavilán Pérez indicó que «si un juez o jueza recibe una presión indebida, obviamente debe comunicarlo a la administración de los tribunales», y recordó que las partes pueden impugnar una decisión mediante los procedimientos establecidos. «Una cosa es no estar de acuerdo con una determinación judicial y otra hacer una imputación seria contra la credibilidad de un juez o jueza, y eso tiene que estar acompañado entonces de algo que sustente esa alegación», expresó. La jueza también defendió la reforma judicial firmada por la gobernadora, que redistribuye responsabilidades administrativas entre el pleno del Tribunal Supremo y la jueza presidenta: la APJ la apoyó porque «redunda en mayor transparencia de los procedimientos».
Fuente: El Nuevo Día — (Sigue leyendo...)