Suzanne Roig renuncia como secretaria de la Familia, efectiva el 31 de diciembre
La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, renunció este lunes a su cargo con efectividad el 31 de diciembre, en medio de controversias e investigaciones por presuntas irregularidades en procesos de contratación. La funcionaria aseguró que la decisión fue exclusivamente suya, libre y voluntaria, y que se marcha con la frente en alto y la conciencia tranquila tras semanas de cuestionamientos públicos sobre su gestión.
«Nuestra paz tiene que estar por encima de cualquier trabajo»
En declaraciones escritas, Roig Fuertes confirmó que informó su dimisión a la gobernadora Jenniffer González y agradeció «el honor» de la designación y el tiempo que le dio para defender su reputación. «Hay momentos en la vida en los que debemos reconocer que nuestra paz, nuestra tranquilidad y el bienestar de nuestra familia tienen que estar por encima de cualquier trabajo, posición o responsabilidad pública», expresó. También lamentó que las circunstancias de los pasados días provocaran «distracciones innecesarias» a la administración.
La Fortaleza defiende la transición hasta fin de año
El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, confirmó que la titular se reunió con la primera ejecutiva y le presentó la renuncia, y defendió que la salida cobre efecto a finales de año para procurar una transición ordenada en la agencia. Peña Payano describió al Departamento de la Familia como una agencia sombrilla que atiende temas sensitivos —menores de edad, adultos mayores, centros de cuido y fondos federales millonarios— y sostuvo que la permanencia temporal permite buscar a los mejores servidores públicos para la silla.
Las investigaciones que rodean su salida
La renuncia se produjo luego de que trascendiera que la funcionaria se encontraba de vacaciones en un crucero el pasado fin de semana, ausencia que, según explicó la semana pasada, respondía a un compromiso familiar coordinado desde el 10 de noviembre. Roig Fuertes es objeto de pesquisas del Departamento de Justicia, el Senado, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General y las autoridades federales, tras la denuncia de la exadministradora de Adsef, Blanca Medina Díaz, quien alegó presiones para evaluar y conceder un contrato a la empresa NOLA Education con fondos federales del programa TANF. La secretaria ha negado las alegaciones. El jueves pasado, el Senado dejó sobre la mesa una resolución concurrente que reclamaba su destitución.
Fuente: El Nuevo Día — (Sigue leyendo...)