El presidente de Estados Unidos en su segundo mandato, Donald Trump, se encuentra en el centro de una controversia judicial luego de que su administración fuera señalada por presuntamente ignorar una orden federal que bloqueaba la deportación de migrantes venezolanos acusados de pertenecer a pandillas.
El juez James Boasberg, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, había emitido el pasado 15 de marzo una orden de restricción temporal que suspendía las deportaciones bajo la ley conocida como Alien Enemies Act de 1798. Sin embargo, dos vuelos de deportación hacia El Salvador se concretaron antes de la emisión formal de la orden, situación que ha generado dudas sobre si estas acciones violaron el mandato judicial.
Desde la Casa Blanca, la administración de Trump sostiene que dichas deportaciones se realizaron legalmente antes de que la orden entrara en vigor y defiende que el poder judicial no debe interferir con decisiones ejecutivas relacionadas con presuntos terroristas o pandilleros. No obstante, abogados defensores de los migrantes aseguran que varios de los deportados fueron acusados erróneamente, basándose en tatuajes que fueron interpretados como signos de afiliación a bandas criminales sin pruebas concretas.
Ante el conflicto, el juez Boasberg decidió extender la orden que bloquea las deportaciones mientras continúa la evaluación del caso. Por su parte, el equipo legal del presidente Trump ha elevado la disputa hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, después de que un tribunal de apelaciones ratificara la orden del juez.
La situación ha encendido nuevamente las tensiones entre el poder judicial y la administración Trump, quien incluso ha solicitado públicamente la destitución del juez Boasberg, argumento que ha sido rechazado por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien recordó que las decisiones judiciales deben ser impugnadas mediante recursos legales y no a través de intentos de destitución.
El caso ha generado amplio debate en la esfera pública y jurídica, no solo por las deportaciones en sí, sino por el alcance y uso actual de una ley centenaria en medio de la política migratoria contemporánea.
Se sigue investigando el caso.
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